El Ministerio del Interior ha presentado un informe al Tribunal Supremo sobre los acontecimientos relacionados con Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto. Según este documento, no se realizaron operativos específicos para detener a Puigdemont hasta que se confirmó su fuga. En ese momento, se activaron «recursos operativos y de inteligencia extraordinarios» de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El informe señala que en los días previos al 8 de agosto, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantuvieron activos los controles en fronteras, puertos y aeropuertos, así como en toda Cataluña, especialmente en Barcelona y su área metropolitana. Sin embargo, no se detectó la presencia de Puigdemont en ningún momento.
El Ministerio atribuye parte de la dificultad para localizar a Puigdemont al Tratado de la Unión Europea, que garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores del espacio Schengen. Esto permite que las fronteras puedan cruzarse sin inspección, independientemente de la nacionalidad.
Informe revela obstáculos en control fronterizo debido al acuerdo Schengen
El informe también menciona que Interior ofreció apoyo operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil al gobierno catalán, pero no fueron requeridos más allá de la coordinación habitual. Por lo tanto, no se realizaron operativos paralelos específicos para garantizar la seguridad del acto de investidura en el Parlament o la detención de Puigdemont.
Una vez conocida la fuga de Puigdemont, se activaron recursos extraordinarios. Se reforzó la vigilancia en puertos y aeropuertos de Cataluña y se establecieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, especialmente las cercanas a la frontera con Francia. Estos dispositivos se mantuvieron activos hasta la medianoche del 10 de agosto.
El informe no niega explícitamente que Interior tuviera información sobre la localización de Puigdemont. De hecho, sugiere que las limitaciones del espacio Schengen dificultan la impermeabilidad absoluta de los controles, incluso contando con información previa o dispositivos legales de seguimiento.
