El ‘caso Koldo’ da un nuevo giro con la alerta lanzada por la Fiscalía Anticorrupción sobre un posible conflicto de intereses en la actuación de la Abogacía del Estado. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha señalado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional la «incompatibilidad» que podría surgir si la Abogacía defiende al subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, mientras simultáneamente ejerce como acusación en los presuntos delitos fiscales cometidos por la trama investigada.
Esta situación pone de manifiesto la complejidad del caso, que involucra a altos cargos del gobierno y presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. La Fiscalía, si bien no se opone directamente a la personación de la Abogacía, advierte sobre las posibles consecuencias de esta doble función.
Por su parte, la asociación Liberum, que actúa como acusación popular, ha ido más allá, solicitando al juez que no acepte la intervención de la Abogacía en defensa de los altos cargos investigados, argumentando un claro conflicto de intereses.
Acusación popular exige la no intervención de la Abogacía en defensa de investigados
Este desarrollo plantea interrogantes sobre la independencia y la integridad del proceso judicial, así como sobre el papel del gobierno en la investigación de casos que involucran a sus propios miembros. La situación se complica aún más con la reciente solicitud de la Fiscalía de paralizar las inspecciones fiscales relacionadas con el caso mientras se resuelve en la Audiencia Nacional.
