Exministro busca desacreditar informe que lo señala en compra de mascarillas
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dado un paso audaz en el controvertido ‘caso Koldo’ al solicitar su personación como perjudicado ante la Audiencia Nacional. Esta acción llega acompañada de un informe pericial que cuestiona la auditoría encargada por su sucesor, Óscar Puente, sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.
Ábalos busca defenderse de las acusaciones que lo señalan como responsable de irregularidades millonarias en la adquisición de material sanitario. El exministro, actualmente diputado del Grupo Mixto, ha presentado ante el juez Ismael Moreno un extenso documento de más de 45 folios que incluye un peritaje elaborado por una experta en Compliance.
El informe presentado por Ábalos critica los «sesgos evidentes» que, según él, contiene la auditoría encargada por el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Óscar Puente. Los principales puntos de su defensa son:
- Falta de objetividad: Argumenta que la auditoría incluye juicios de valor y conclusiones influenciadas por expectativas previas.
- Metodología cuestionable: Señala que no se justifica la selección de funcionarios interrogados ni se aclara si fueron informados de formar parte de una auditoría oficial.
- Uso indebido de la información: Critica la publicación del informe, argumentando que debería ser solo para control interno.
El peritaje encargado por Ábalos sostiene que los contratos firmados con Soluciones de Gestión SL se ajustaron a la normativa vigente durante la situación excepcional de la pandemia. Destaca que el precio unitario de las mascarillas (2,5 euros) era inferior a la media del mercado en ese momento.
Sin embargo, la auditoría oficial señala que el Ministerio ignoró ofertas más económicas y con plazos de entrega más cortos de otras empresas.
Polémica por la duplicación del pedido
Uno de los puntos más controvertidos es la decisión de duplicar el pedido de mascarillas de 4 a 8 millones en tan solo 38 minutos. La auditoría del Ministerio sugiere que esta decisión pudo estar más relacionada con la oferta de la empresa que con las necesidades reales.
Ábalos defiende que el número de unidades adquiridas «fue ajustado a las expectativas y dentro del marco de excepcionalidad».
La solicitud de Ábalos para personarse como perjudicado se basa en las filtraciones a la prensa de informes de la Guardia Civil y la difusión de la auditoría encargada por Puente. Argumenta que estas acciones le han afectado «de forma personal y directa», a pesar de no estar formalmente imputado en la causa.
Esta maniobra legal ocurre en un momento crítico, con rumores sobre una posible imputación del exministro. El juez Moreno deberá evaluar si solicita al Supremo que atribuya la condición de investigado a Ábalos, dado su aforamiento como diputado.
La estrategia de Ábalos ha generado reacciones diversas en el ámbito político y judicial. Mientras sus defensores ven esta acción como una muestra de transparencia, sus críticos la consideran un intento de desviar la atención de las presuntas irregularidades.
El desarrollo de este caso podría tener importantes implicaciones para la política española, especialmente para el PSOE, partido del que Ábalos fue secretario de Organización.
La Audiencia Nacional ahora debe decidir sobre la solicitud de personación de Ábalos y evaluar el informe presentado. Esta decisión será crucial para determinar el rumbo que tomará la investigación del ‘caso Koldo’ y el papel que jugará el exministro en el proceso judicial.
El ‘caso Koldo’ sigue siendo un tema candente en la política española, poniendo a prueba la transparencia en la gestión de la crisis sanitaria y la integridad de figuras políticas clave.
