La polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México ha sufrido un revés significativo. Dos magistrados federales han ordenado la suspensión indefinida de los debates en la Cámara de Diputados sobre esta controvertida propuesta, que estaba programada para ser discutida a principios de septiembre.
Decisiones judiciales que paralizan el proceso
La jueza federal Martha Eugenia Magaña López, del estado de Morelos, emitió una suspensión de oficio para detener indefinidamente el debate en el pleno de la Cámara Baja del Congreso mexicano. Esta decisión se produce después de que un grupo de magistrados solicitara un amparo para frenar la discusión de la reforma.
Los magistrados argumentan que la propuesta los separaría de sus cargos «sin procedimiento previo ni derecho de audiencia», lo que conllevaría graves consecuencias jurídicas, laborales, psicológicas y económicas.
En su fallo, la jueza López destacó: «Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura (…) En suma, la independencia judicial y un sistema de justicia libre de coacciones es una garantía para la sociedad».
Además, otorgó un plazo de 24 horas a la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, que entra en funciones el 1 de septiembre, para informar sobre el cumplimiento de su sentencia. De no hacerlo, la autoridad tiene la facultad de sancionar al organismo legislativo.
Por otro lado, el juez federal Felipe V. Consuelo Soto, del estado de Chiapas, concedió otra suspensión relacionada con los debates de la reforma judicial. Esta medida ordena que, en caso de que la legislación sea aprobada en el pleno federal, la reforma no sea enviada a los congresos locales para su discusión y eventual aprobación.
Es importante destacar que en el sistema legislativo mexicano, para la aprobación e implementación efectiva de una reforma constitucional, se requiere no solo la aprobación del Senado y la Cámara de Diputados, sino también el respaldo de al menos 17 congresos estatales.
Reacción del oficialismo: rechazo a acatar las suspensiones
La respuesta del partido gobernante, Morena, no se hizo esperar. Ricardo Monreal, actual líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados y próximo líder de la Junta de Coordinación Política, se pronunció en contra de las suspensiones judiciales, calificándolas de «absurdas, grotescas e ignorantes».
Monreal advirtió que el Congreso no acataría estas decisiones judiciales, argumentando: «Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial».
Contenido y controversia de la reforma judicial
La reforma judicial propuesta por el gobierno de López Obrador ha sido objeto de intenso debate desde la victoria arrolladora de Morena en las elecciones presidenciales y legislativas del 2 de junio. Los puntos clave de la reforma incluyen:
- La elección popular de aproximadamente 7,000 miembros del Poder Judicial federal, incluyendo jueces, magistrados y ministros.
- Reducción de la edad mínima y la experiencia laboral requerida para ocupar cargos judiciales.
- Disminución del tamaño de la Suprema Corte de Justicia.
Actualmente, los miembros del Poder Judicial federal siguen un sistema de carrera donde, en teoría, ascienden gradualmente.
Posturas encontradas y preocupaciones internacionales
La oposición en México, así como algunos gobiernos extranjeros, como Estados Unidos y Canadá, consideran que esta reforma judicial representa un retroceso en la democracia mexicana. Argumentan que podría exponer al Poder Judicial a las influencias del crimen organizado y conducir a una concentración de poder en el Ejecutivo.
Por otro lado, los partidarios de Morena ven la reforma como un paso adelante en la democratización del país, argumentando que acercará el sistema judicial a la voluntad popular.
Implicaciones y perspectivas futuras
El freno judicial a la discusión de la reforma marca un punto de inflexión en el proceso legislativo y podría tener implicaciones significativas para el futuro político de México. La tensión entre el poder ejecutivo y el judicial se ha intensificado, y es probable que el debate sobre la independencia y la estructura del sistema judicial mexicano continúe en los próximos meses.
La resolución final del amparo presentado por los magistrados, prevista para el 6 de septiembre, será crucial para determinar el curso de la reforma judicial. Mientras tanto, la sociedad mexicana permanece dividida sobre los méritos y riesgos de esta propuesta de cambio fundamental en uno de los pilares del Estado de derecho.
En última instancia, el desenlace de esta controversia no solo afectará la estructura del poder judicial en México, sino que también podría tener un impacto duradero en el equilibrio de poderes y la percepción internacional de la democracia mexicana.
