El Ministerio de Trabajo ha finalizado el borrador del real decreto que amplía los derechos laborales de las empleadas domésticas. Esta nueva normativa, que se presentará mañana en el Consejo de Ministros, introduce cambios significativos en materia de prevención de riesgos laborales para este colectivo mayoritariamente femenino e inmigrante.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligatoriedad para los empleadores de realizar una evaluación de riesgos en los domicilios donde trabajan estas empleadas. Para facilitar este proceso, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) desarrollará una herramienta online específica. Además, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecerá reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos a estas trabajadoras.
Estas nuevas disposiciones buscan equiparar las condiciones laborales de las empleadas domésticas con las del resto de trabajadores, continuando así el camino iniciado hace dos años con el reconocimiento de su derecho al subsidio por desempleo. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, considera que con este decreto «se cierra el círculo de agravios» y se otorga a estas mujeres un «estatus de normalidad» respaldado por el soporte público.
El real decreto establece siete variaciones principales que aumentan las responsabilidades de los empleadores en materia de prevención. Además de la evaluación de riesgos, los empleadores deberán proporcionar equipos de protección individual adecuados y paralizar la actividad en caso de «riesgo grave e inminente».
Para facilitar la implementación de estas medidas, el INSST diseñará una guía técnica para la prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico y un protocolo contra la violencia y el acoso en este ámbito. Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FSP) ofrecerán formación financiada a estas trabajadoras.
Con el objetivo de fomentar la regularización del sector, tradicionalmente marcado por la informalidad, el Ministerio mantendrá las ayudas a la contratación para los empleadores. Estas incluyen una bonificación del 80% en la cotización al desempleo y del 20% en la contribución al Fogasa.
Sin embargo, el decreto ha generado ciertas reticencias sindicales. Los sindicatos han expresado su disconformidad con la idea de que sean los particulares quienes autoevalúen sus hogares mediante una herramienta online, sin contemplar vías para que la Inspección de Trabajo pueda acceder a estos espacios privados. Esta cuestión choca con el artículo 18 de la Constitución Española, que protege la inviolabilidad del domicilio.
El colectivo de empleadas del hogar, compuesto en un 90% por mujeres, la mayoría inmigrantes, ha denunciado durante mucho tiempo un trato desigual respecto a otros trabajadores. Esta situación fue respaldada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en febrero, que declaró discriminatorio el sistema español por negar a estas trabajadoras el derecho a cotizar por desempleo.
Como respuesta a esta sentencia, el Gobierno español ratificó en junio el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporando el derecho al desempleo en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Este nuevo real decreto representa un paso más en la ampliación de derechos y garantías laborales para las empleadas domésticas.
En agosto de 2024, el sector contaba con 360.077 afiliadas medias a la Seguridad Social, lo que subraya la importancia de estas medidas para un colectivo significativo de trabajadoras. Con estas nuevas disposiciones, el Gobierno busca no solo mejorar las condiciones laborales de las empleadas domésticas, sino también promover su integración plena en el marco de protección laboral español.
