viernes, diciembre 20, 2024

El TSJ de Madrid anula las Zonas de Bajas Emisiones de Almeida por su impacto económico

El Tribunal estima que no se evaluó adecuadamente el impacto económico de la medida sobre pequeñas empresas y autónomos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) establecidas bajo la administración de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Según la sentencia, la normativa no tomó en cuenta adecuadamente el impacto económico que estas restricciones de tráfico tendrían sobre ciertos sectores económicos, en particular aquellos con menos capacidad financiera, como pequeñas empresas, autónomos y microempresas.

Impacto económico de las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid

Uno de los argumentos centrales de la sentencia es la «insuficiencia manifiesta» de los informes de impacto económico presentados previamente a la aprobación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, normativa que dio vida a las ZBE, incluyendo las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) conocidas como Madrid Central y Plaza Elíptica. Según la resolución judicial, estas restricciones medioambientales han afectado significativamente a miles de vehículos que diariamente acceden a la capital, especialmente a los que dependen de las principales vías de acceso como Plaza Elíptica.

El tribunal destacó que la falta de consideración de los efectos económicos de la ordenanza es especialmente relevante para sectores vulnerables, como los autónomos y pequeñas empresas, que muchas veces no pueden asumir los costes de renovación de sus vehículos para cumplir con las exigencias medioambientales impuestas. La normativa prohibía la circulación de vehículos sin distintivo ambiental o con etiquetas tipo A, lo que complicaba aún más la situación de los profesionales que necesitan acceder a la ciudad con frecuencia.

Vox y su lucha por la revocación de Madrid Central

La demanda fue impulsada por el grupo municipal Vox, liderado por Javier Ortega Smith, quien desde 2019 ha criticado las medidas medioambientales de tráfico adoptadas en Madrid. Vox ha argumentado repetidamente que las restricciones de Madrid Central y otras ZBE perjudican a los sectores con menor capacidad económica, y finalmente ha conseguido una victoria judicial parcial en esta materia.

El Tribunal ha aclarado que el resto de la ordenanza, incluida la posibilidad de que se establezcan nuevas ZBE en el futuro, seguirá en vigor. Sin embargo, este fallo supone un duro golpe para la política de movilidad de Almeida, que adoptó la ZBE de Plaza Elíptica y mantuvo el esquema de Madrid Central, aunque con ligeros cambios en su denominación y gestión.

Consecuencias de la sentencia para la movilidad en Madrid

La anulación de las Zonas de Bajas Emisiones no implica el fin total de las restricciones de tráfico en Madrid. Las autoridades municipales pueden interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los próximos 30 días para intentar revocar esta decisión. Además, se mantendrán vigentes los artículos de la ordenanza que puedan referirse a futuras ZBE o normativas ambientales.

El equipo jurídico del Ayuntamiento está actualmente analizando las implicaciones de esta sentencia, que podría cambiar la estructura de la movilidad en la ciudad, una cuestión clave en la gestión del tráfico y la contaminación del aire en Madrid.

Resumen de la sentencia

  • El Tribunal concluye que no se evaluó adecuadamente el impacto económico de las ZBE en Madrid.
  • La decisión afecta principalmente a las áreas de Madrid Central y Plaza Elíptica.
  • Se abre la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.
  • Vox, que presentó el recurso, considera esto una victoria en su lucha contra las restricciones al tráfico en Madrid.

En resumen, la anulación parcial de la normativa representa un desafío importante para la estrategia de movilidad sostenible de Madrid, y la sentencia subraya la importancia de considerar el impacto económico de las políticas medioambientales en sectores económicamente vulnerables. El futuro de las ZBE en la ciudad dependerá de si el Ayuntamiento decide recurrir la decisión y de cómo se ajusten las políticas a las demandas económicas de los diversos colectivos afectados.

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